El uso de los avances tecnológicos es una de las llaves para poder mejorar el servicio público que se presta desde la Administración. Hay veces que la innovación implica la introducción de tecnologías nuevas, y recientemente la Administración de Justicia, se ha enfrentado a un proceso de transformación digital que nos obliga en la actualidad a seguir haciendo frente a la gestión del cambio producida por la Ley 18/11 que trajo consigo la digitalización de juzgados y tribunales y, en consecuencia, de las fiscalías.
La evolución llevada a cabo en los últimos años en la Administración de Justicia hace necesaria en la actualidad, la puesta en marcha de programas para la Transformación Digital que incorporen las tecnologías disruptivas precisas; entre ellas la Inteligencia artificial (IA), para hacer más ágiles y eficaces los procesos y servicios de la Administración de Justicia.
No obstante, no podemos olvidar que existen tareas previas que son necesarias para la introducción de una forma adecuada de las aplicaciones de IA dentro de nuestro ordenamiento jurídico con el objetivo de que se implanten conforme a los principios vertebradores que rigen en nuestra sociedad.
Muchos países están elaborando estrategias y planes de acción nacionales de IA o digitales. Las estrategias y planes de acción destacan, entre otras cosas, en la necesidad de desarrollar marcos éticos y legales para garantizar que la IA se desarrolle y aplique sobre la base de los valores y derechos fundamentales. Para ello, muchos países han establecido comisiones específicas para examinar estas cuestiones.
Resulta claro el potencial en la aplicación de las tecnologías y técnicas basadas en Inteligencia Artificial especializadas en el ámbito de la Administración de Justicia pues pueden contribuir de forma notable a una mejora en la calidad de la Justicia.
La IA se basa en la explotación mediante algoritmos de los datos de los que disponemos como consecuencia de la actividad judicial por lo que debemos afrontar este uso de los mismos desde el punto de vista de los principios del Gobierno Abierto y, en este caso, de la Justicia Abierta y en concreto del Principio de Transparencia. Junto a la IA vienen consigo nuevas tecnologías emergentes basadas, fundamentalmente, en el big data que están en proceso de despliegue en nuestra sociedad y, poco a poco, en la Administración de Justicia.
Para ello, es fundamental empezar por el impulso de una gobernanza de los datos y de la información que refuerce el desarrollo de una Justicia abierta, inteligente e inclusiva. En este sentido, es clave tanto la adopción de tecnologías de IA para potenciar y mejorar los derechos de acceso de los ciudadanos y simplificar burocracia, como la capacidad de dar una respuesta efectiva al reto de la privacidad de los datos sensibles de los ciudadanos.